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Puede parecer paradójico proponer, desde una política de transporte ferroviario, la reducción de la movilidad, ya que a mayor oferta de transporte más inducción y posibilidades de movilidad y a mayor movilidad mayor necesidad de infraestructuras y servicios de transporte.

Las propuestas de política ferroviaria expuestas en este texto quizá no coincidan, punto por punto, con las utilizadas por el Gobierno Español al redactar el proyecto de Ley del Sector Ferroviario que ha presentado al Parlamento, o al obstaculizar sistemáticamente la Política Común de Transportes expresada en el Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea y en la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible. La política de transporte sostenible que aquí se describe está guiada por cuatro elementos esenciales: reducir la necesidad de movilidad obligada; promover los desplazamientos a pie, en bicicleta y en tren; establecer una moratoria en la construcción de autopistas y autovías; y tomar en consideración que alta velocidad, avión, camión y automóvil son medios de transporte generadores de insostenibilidad.

Cuando se trata de presentar una política coherente sobre el ferrocarril es necesario replantearse el Programa de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, con extensión presupuestaria hasta el año 2010, que promueve el Gobierno Español, donde se declara el objetivo de lograr una cuota del 30 por ciento para el ferrocarril, en un nuevo reparto modal entre los servicios de transporte. El objetivo es ambicioso y tentador, pero, con sensatez, hemos de ser conscientes de que la proclamación de dicho objetivo no está basada en una evaluación estratégica del conjunto de factores ecológicos, económicos, sociales y culturales que influyen en las posibilidades de cumplir dicho objetivo.

El citado replanteamiento del programa de infraestructuras ferroviarias también deberá abordar dos aspectos de carácter crucial, por un lado, la concepción centralista expresada en una red básica ferroviaria convergente en la ciudad de Madrid y, por otro lado, la distribución de los 6 billones de Fondos Estructurales destinados a infraestructuras, que se sumarán a los Fondos de Cohesión, préstamos del Banco Europeo de Inversiones y créditos del Fondo Europeo de Inversiones, que el Gobierno General del Estado ha previsto aplicar en el Plan de Infraestructuras para el Transporte 2000-2007.

Una coherente redistribución de dichos fondos podría conducir a una mayor racionalidad de las inversiones si se destinara mucho más de lo previsto, hasta ahora, a la adaptación de la red básica ferroviaria a velocidades medias de 160 Km./h, se consideraran suficientes los cerca de 164.000 km de carreteras existentes, se abandonaran las inversiones en líneas de alta velocidad para circular a velocidades de 350 Km./h, y se desprogramara la inversión de 39.700 millones de euros (6,6 billones de pesetas) en autopistas y autovías. Inversión insostenible que figura en el Plan de Infraestructuras para el Transporte hasta el año 2010.Se puede seguir leyendo este informe Aquí